Informe Crítico de la Gestión de Maximiliano Pullaro en Santa Fe (2024–2025)

Informe Crítico de la Gestión de Maximiliano Pullaro en Santa Fe (2024–2025)

INTRODUCCIÓN

Este informe tiene como finalidad exponer cuatro observaciones críticas hacia la actual administración provincial de Maximiliano Pullaro en Santa Fe, desde una perspectiva liberal que prioriza la reducción del Estado, la libertad individual y económica, la descentralización educativa y la eficiencia fiscal. A continuación, se detallan los principales ejes identificados.

1. Presión tributaria creciente y concentrada sobre inmuebles y patentes.

En julio de 2024, el Gobierno provincial incrementó los importes del Impuesto Inmobiliario urbano y rural, y la Patente Única de vehículos, con alícuotas que superan el 100% en comparación con el período anterior.

El motivo metodológico fue la aplicación de indicadores como el RIPTE y el IPC/IPEC, resultando en aumentos superiores al 112% y 131%, según decreto N° 0911.

Adicionalmente, se establecieron alícuotas sobre servicios financieros: 9% para fintechs y billeteras digitales, y 6,25% para bancos, elevando costos operativos e impuestos indirectos que afectan a ahorristas y emprendedores.

Impacto: estas alzas constituyen una carga tributaria regresiva, que penaliza a propietarios, pequeños comerciantes y ahorristas, contrarias al principio de un Estado limitado y orientado a la generación de libertad económica.

2. Expansión del Estado sin contrapartida en eficiencia.

En 2024, se incorporaron 1.200 nuevos cargos técnicos con sueldos bancados por fondos públicos, lo cual elevó sustancialmente la planta estatal.

El ejercicio fiscal cerró con déficit de $131.015 millones, atribuido en un 71% al crecimiento del gasto en personal, según informes provinciales.

En consonancia, se observó un superávit moderado en 2024 de $132.055 millones, pero con rubros operativos concentrados en servicios administrativos más que en eficiencia de gestión.

Impacto: la expansión del Estado sin reducción o reingeniería de estructuras contradice el mandato liberal del Estado mínimo bien focalizado y la función subsidiaria.

3. Gasto público elevado sin mejoras proporcionales en servicios esenciales.

El presupuesto 2025 asigna $2,121 millones a Educación, pero con fuerte énfasis en infraestructura y subsidios, dejando la innovación y la descentralización en segundo plano.

En Salud se proyectan $857.421 millones, con un aumento del 298% en medicamentos, 30.909 millones en equipamiento y 22.029 millones en obras.

Sin embargo, según análisis alternativos, solo el 45% del presupuesto total se destina a Educación, Salud y Seguridad, el balance restante se va a otros rubros sin impacto directo en el bienestar.

A enero de 2025, el déficit previsional ya supera los $90.000 millones, con una proyección de exceder los $400.000 en un año, debido al esquema de jubilación anticipada vigente.

Impacto: el costo fiscal es alto, los servicios percibidos no justifican el nivel de gasto y se ven riesgos estructurales, como jubilaciones crónicas, sin reformas profundas.

4. Centralización educativa sin pluralidad ni libertad de enseñanza.

Aunque el Plan “Mil Aulas” contempla 458 nuevas aulas y una inversión de $10.000 millones en 2024, el modelo sigue siendo estatal y uniforme, sin alternativas públicas o privadas subsidiadas.

Las escuelas secundarias recuperaron la instancia de repitencia, lo que buscó mejorar los aprendizajes, pero sin una transformación estructural: el currículum sigue centralizado y sin oferta de modalidades diversas.

No hubo impulso real a la creación de modelos educativos liberales (escuelas cooperativas, homeschooling, vouchers) ni a la autonomía familiar; el discurso oficial subraya inversión sin cuestionar el monopolio estatal.

Impacto: se mantiene un sistema homogéneo, con escasas oportunidades para la elección de modelo por parte de padres y educadores, lo que limita el pluralismo educativo y refuerza la resistencia liberal al intervencionismo.

Conclusión

Desde una óptica liberal, la gestión de Maximiliano Pullaro exhibe los siguientes ejes problemáticos:

1. Tributación elevada e injusta, principalmente sobre propietarios y ahorro, con impactos regresivos.

2. Crecimiento del aparato estatal sin eficiencia demostrada ni disminución del déficit.

3. Gasto público robusto, carente de un enfoque claro en resultados sobre indicadores de bienestar social.

4. Centralización educativa, con escaso apoyo a la libertad de elección y pluralismo en educación.

Se recomienda profundizar reformas estructurales: simplificación tributaria, reducción de la planta estatal, auditoría del gasto y apertura de un ecosistema educativo competitivamente plural.

Reformas Recomendadas para Santa Fe.

1. Reforma tributaria integral y simplificación impositiva.

Reducir y unificar tributos distorsivos como Ingresos Brutos y patentes progresivas. En su lugar, implementar esquemas simples y bajos, con base amplia y reglas estables. Es clave eliminar impuestos regresivos a la producción, el ahorro y el empleo formal, promoviendo un entorno más amigable para pymes, emprendedores y el campo santafesino.

2. Reducción del tamaño del Estado y eliminación del empleo político improductivo.

Optimizar la estructura estatal con auditorías sobre cargos técnicos, tercerizaciones innecesarias y programas sin impacto. Fomentar la digitalización de trámites y la transparencia del gasto público para achicar el aparato burocrático, disminuyendo el gasto estructural y favoreciendo la eficiencia operativa.

3. Reordenamiento del gasto público con foco en resultados.

Redirigir recursos hacia metas cuantificables en salud, educación y seguridad, y limitar la expansión presupuestaria en subsidios generales. Impulsar la evaluación periódica de impacto de políticas públicas, con mecanismos de rendición de cuentas abiertos a la ciudadanía y al control legislativo.

4. Reforma educativa hacia la libertad de elección y pluralismo pedagógico.

Establecer marcos legales que permitan implementar sistemas de vouchers escolares, fomento de escuelas privadas, cooperativas o religiosas, y reconocimiento del homeschooling. Esto permitiría a cada familia elegir el tipo de formación y valores que desea para sus hijos, promoviendo competencia educativa y calidad en la formación ciudadana.

5. Descentralización fiscal y administrativa hacia municipios.

Avanzar en una descentralización real de funciones y recursos hacia gobiernos locales, permitiendo una gestión más cercana, transparente y eficiente. Esto contribuiría a un federalismo genuino dentro de la provincia, donde las comunidades gestionen de forma autónoma sus prioridades y necesidades.

Por supuesto ninguna de estas reformas podría llevarse a cabo de un día a otro, pero es un buen comienzo aplicar algunas modificaciones para fomentar la inversión privada en la provincia e incentivar el ahorro.

GONZALO VERA